Artículo 67.- Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o
aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las
disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de cinco años contados a partir del día siguiente a aquél
en que:
I. Se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga obligación de hacerlo. Tratándose de
contribuciones con cálculo mensual definitivo, el plazo se computará a partir de la fecha en que
debió haberse presentado la información que sobre estos impuestos se solicite en la declaración
del ejercicio del impuesto sobre la renta. En estos casos las facultades se extinguirán por años de
calendario completos, incluyendo aquellas facultades relacionadas con la exigibilidad de
obligaciones distintas de la de presentar la declaración del ejercicio. No obstante lo anterior,
cuando se presenten declaraciones complementarias el plazo empezará a computarse a partir
del día siguiente a aquél en que se presentan, por lo que hace a los conceptos modificados en
relación a la última declaración de esa misma contribución en el ejercicio.
II. Se presentó o debió haberse presentado declaración o aviso que corresponda a una contribución
que no se calcule por ejercicios o a partir de que se causaron las contribuciones cuando no exista
la obligación de pagarlas mediante declaración.
III. Se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales; pero si la infracción fuese de
carácter continuo o continuado, el término correrá a partir del día siguiente al en que hubiese
cesado la consumación o se hubiese realizado la última conducta o hecho, respectivamente.
IV. Se levante el acta de incumplimiento de la obligación garantizada, en un plazo que no excederá
de cuatro meses, contados a partir del día siguiente al de la exigibilidad de las fianzas a favor de
la Federación constituidas para garantizar el interés fiscal, la cual será notificada a la afianzadora.
El plazo a que se refiere este artículo será de diez años, cuando el contribuyente no haya presentado
su solicitud en el Registro Federal de Contribuyentes, no lleve contabilidad o no la conserve durante el
plazo que establece este Código, así como por los ejercicios en que no presente alguna declaración del
ejercicio, estando obligado a presentarlas, o no se presente en la declaración del impuesto sobre la renta
la información que respecto del impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y
servicios se solicite en dicha declaración; en este último caso, el plazo de diez años se computará a partir
del día siguiente a aquél en el que se debió haber presentado la declaración señalada. En los casos en
los que posteriormente el contribuyente en forma espontánea presente la declaración omitida y cuando
ésta no sea requerida, el plazo será de cinco años, sin que en ningún caso este plazo de cinco años,
sumado al tiempo transcurrido entre la fecha en la que debió presentarse la declaración omitida y la fecha
en la que se presentó espontáneamente, exceda de diez años. Para los efectos de este artículo las
declaraciones del ejercicio no comprenden las de pagos provisionales.
En los casos de responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 26, fracciones III, X y XVII de este
Código, el plazo será de cinco años a partir de que la garantía del interés fiscal resulte insuficiente.
El plazo señalado en este artículo no está sujeto a interrupción y sólo se suspenderá cuando se
ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales a que se refieren las fracciones II, III,
IV y IX del artículo 42 de este Código; cuando se interponga algún recurso administrativo o juicio; o
cuando las autoridades fiscales no puedan iniciar el ejercicio de sus facultades de comprobación en virtud
de que el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio
correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal. En estos dos
últimos casos, se reiniciará el cómputo del plazo de caducidad a partir de la fecha en la que se localice al
contribuyente. Asimismo, el plazo a que hace referencia este artículo se suspenderá en los casos de
huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la huelga y en el de
fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al representante legal de la sucesión.
Igualmente se suspenderá el plazo a que se refiere este artículo, respecto de la sociedad que teniendo el
carácter de integradora, calcule el resultado fiscal integrado en los términos de lo dispuesto por la Ley del
Impuesto sobre la Renta, cuando las autoridades fiscales ejerzan sus facultades de comprobación
respecto de alguna de las sociedades que tengan el carácter de integrada de dicha sociedad integradora.
El plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación
antes mencionadas inicia con la notificación de su ejercicio y concluye cuando se notifique la resolución
definitiva por parte de la autoridad fiscal o cuando concluya el plazo que establece el artículo 50 de este
Código para emitirla. De no emitirse la resolución, se entenderá que no hubo suspensión.
En todo caso, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de
comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha caducidad, no podrá exceder de
diez años. Tratándose de visitas domiciliarias, de revisión de la contabilidad en las oficinas de las propias
autoridades o de la revisión de dictámenes, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del
ejercicio de las facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha
caducidad, no podrá exceder de seis años con seis meses o de siete años, según corresponda.
Las facultades de las autoridades fiscales para investigar hechos constitutivos de delitos en materia
fiscal, no se extinguirán conforme a este Artículo.
Los contribuyentes, transcurridos los plazos a que se refiere este Artículo, podrán solicitar se declare
que se han extinguido las facultades de las autoridades fiscales.