Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la secretaría del ramo
de seguridad pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su
competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará
los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.
La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad
judicial.
Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los
reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta
y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese
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impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y
seis horas.
Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no
podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.
Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos
gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso.
El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en
los supuestos y condiciones que fije la ley.
El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la
Corte Penal Internacional.
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y
los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las
personas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. de esta Constitución que garantiza los
deberes reforzados de protección del Estado con las mujeres, adolescentes, niñas y niños; así como
contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto
en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención,
investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los
términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo y honradez, así como por la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución.
Las instituciones de seguridad pública serán disciplinadas, profesionales y de carácter civil.
El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, incluida la Guardia
Nacional, deben coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:
a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y
certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y
desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los
Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
b) El establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad pública a cargo de la
Federación al que ésta, las entidades federativas y los Municipios, a través de las dependencias
responsables de la seguridad pública, proporcionarán la información de que dispongan en la
materia, conforme a la ley. El sistema contendrá también las bases de datos criminalísticos y de
personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las
instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el
sistema.
c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.
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d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de
evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad
pública.
e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las
entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. Estos
fondos serán auditados y su debido ejercicio vigilado por el Sistema a través de su Secretariado
Ejecutivo.
f) El Sistema contará con un Secretariado Ejecutivo, el cual podrá ampliar las bases, emitir
acuerdos y lineamientos, así como realizar las acciones necesarias para lograr la homologación
de estándares y criterios, así como una coordinación eficiente, transparente y responsable, en el
ejercicio de las atribuciones concurrentes de los tres órdenes de gobierno; en todo momento en
atención a los fines del Sistema y los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
La Federación contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter
permanente e integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo
de defensa nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su
competencia. Los fines de la Guardia Nacional son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la
coordinación y colaboración con las entidades federativas y Municipios, así como la salvaguarda de los
bienes y recursos de la Nación. La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia
Nacional.
La secretaría del ramo de seguridad pública formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de
Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivos; auxiliará a la persona
titular de la Presidencia de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional;
le corresponderá la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública,
en los términos que señale la ley, y podrá coordinar las acciones de colaboración de los tres órdenes de
gobierno, a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales además deberán de proporcionar
la información de que dispongan o que recaben en la materia conforme a la ley. Podrá solicitar
información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los
hechos presuntamente constitutivos de delitos.
La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones
policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto
a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo conducente a la perspectiva de
género.