Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
I. Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal;
II. Derogada.
III. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al
efecto:
1o. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados, cuenten con una población
de ciento veinte mil habitantes, por lo menos.
2o. Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para proveer a
su existencia política.
3o. Que sean oídas las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate,
sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, quedando
obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el día en que se les
remita la comunicación respectiva.
4o. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro
de siete días contados desde la fecha en que le sea pedido.
5o. Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los diputados y
senadores presentes en sus respectivas Cámaras.
6o. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las Legislaturas de las
entidades federativas, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan
dado su consentimiento las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio
se trate.
7o. Si las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, no hubieren
dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior, deberá ser
hecha por las dos terceras partes del total de Legislaturas de las demás entidades
federativas.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
IV. Derogada.
V. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación.
VI. Derogada;
Reformada DOF 08-10-1974, 06-12-1977, 28-12-1982, 10-08-1987, 06-04-1990, 25-10-1993. Derogada DOF 22-08-1996
VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto.
VIII. En materia de deuda pública, para:
1o. Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar
garantías sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y
para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá
celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un
incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que
se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de
refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores
condiciones de mercado; así como los que se contraten durante alguna emergencia
declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29.
2o. Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley
de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades
de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo
Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha
deuda a cuyo efecto el Jefe de Gobierno le hará llegar el informe que sobre el
ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe de Gobierno
informará igualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al rendir la
cuenta pública.
3o. Establecer en las leyes las bases generales, para que los Estados, el Distrito
Federal y los Municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y
modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus
respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que
contraigan; la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la
totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de
manera oportuna y transparente; un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda;
así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus
disposiciones. Dichas leyes deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados
conforme a lo dispuesto por la fracción H del artículo 72 de esta Constitución.
4o. El Congreso de la Unión, a través de la comisión legislativa bicameral competente,
analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los Estados,
planteada en los convenios que pretendan celebrar con el Gobierno Federal para
obtener garantías y, en su caso, emitirá las observaciones que estime pertinentes en
un plazo máximo de quince días hábiles, inclusive durante los períodos de receso
del Congreso de la Unión. Lo anterior aplicará en el caso de los Estados que tengan
niveles elevados de deuda en los términos de la ley. Asimismo, de manera
inmediata a la suscripción del convenio correspondiente, será informado de la
estrategia de ajuste para los Municipios que se encuentren en el mismo supuesto,
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
así como de los convenios que, en su caso, celebren los Estados que no tengan un
nivel elevado de deuda;
IX. Para impedir que en el comercio entre entidades federativas se establezcan restricciones.
X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas,
explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos,
intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del
trabajo reglamentarias del artículo 123;
17-11-1982, 20-08-1993, 20-07-2007
XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus
dotaciones.
XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo.
XIII. Para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas o malas las presas de mar y
tierra, y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra.
XIV. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de
Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio.
XV. Derogada.
XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía,
naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.
1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la
República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones
generales serán obligatorias en el país.
2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas
en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las
medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el
Presidente de la República.
Base reformada DOF 02-08-2007
3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las
autoridades administrativas del País.
4a. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el alcoholismo
y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana,
así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán
después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan.
Base reformada DOF 06-07-1971
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la
comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y
correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.
XVIII. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar reglas
para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de
pesas y medidas;
XIX. Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el
precio de estos.
XX. Para expedir las leyes de organización del Cuerpo Diplomático y del Cuerpo Consular
mexicano.
XXI. Para expedir:
a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones
en las materias de feminicidio, secuestro, desaparición forzada de personas, otras
formas de privación de la libertad contrarias a la ley, extorsión, trata de personas,
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.
Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las
formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios;
b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y
sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia de
delincuencia organizada;
c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de
solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal
para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.
Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos
tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones
que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión
o imprenta. También podrán conocer de las medidas u órdenes de protección que deriven de
violencias de género en contra de las mujeres o de delitos del fuero común relacionados con
las violencias de género contra las mujeres, en términos de las leyes correspondientes.
En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán
los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre
delitos federales;
XXII. Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la
Federación.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
XXIII. Para expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos, establezcan las bases de
coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios; organicen la
Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública en materia federal, de
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución; así como la Ley
Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley Nacional del Registro de Detenciones;
XXIII Bis. Para expedir la ley general en materia de seguridad privada, que establezca:
a) Las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de
servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional;
b) Las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios de
seguridad privada y las autoridades correspondientes de la Federación, las entidades
federativas y los municipios, para la adecuada organización y funcionamiento como
auxiliares de la seguridad pública;
c) La coordinación de esos prestadores con las instituciones de seguridad pública en
situaciones de emergencia y desastre, y
d) Los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías
complementarias en el país;
XXIV. Para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la
Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la
Unión y de los entes públicos federales; así como para expedir la ley general que establezca
las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere el artículo
113 de esta Constitución;
XXV. De establecer el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en términos del
artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República
escuelas rurales, elementales, media superiores, superiores, secundarias y profesionales; de
investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de
agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás
institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo
lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés
nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la
Federación, las entidades federativas y los Municipios el ejercicio de la función educativa y
las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y
coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de
la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se
expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República.
Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual
relacionadas con la misma;
DOF 13-12-1934, 13-01-1966, 21-09-2000, 30-04-2009, 26-02-2013, 29-01-2016, 15-05-2019
XXVI. Para conceder licencia al Presidente de la República y para constituirse en Colegio Electoral
y designar al ciudadano que deba substituir al Presidente de la República, ya sea con el
carácter de interino o substituto, en los términos de los artículos 84 y 85 de esta Constitución;
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
09-08-2012
XXVII. Para aceptar la renuncia del cargo de Presidente de la República.
XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad
pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así
como patrimonial, para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin de garantizar su armonización a
nivel nacional;
DOF 07-05-2008. Reformada DOF 29-01-2016
XXIX. Para establecer contribuciones:
1o. Sobre el comercio exterior;
2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los
párrafos 4º y 5º del artículo 27;
3o. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;
4o. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y
5o. Especiales sobre:
a) Energía eléctrica;
b) Producción y consumo de tabacos labrados;
c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo;
d) Cerillos y fósforos;
e) Aguamiel y productos de su fermentación; y
f) Explotación forestal.
g) Producción y consumo de cerveza.
Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones
especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas
locales fijarán el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por
concepto del impuesto sobre energía eléctrica.
XXIX-A. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos
alternativos de solución de controversias, con excepción de la materia penal;
XXIX-B. Para legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e Himno Nacionales.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de las
entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de
asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del
artículo 27 de esta Constitución, así como en materia de movilidad y seguridad vial;
XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en
materia de información estadística y geográfica de interés nacional;
XXIX-E. Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones
de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la
producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios.
XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la
inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de
los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional. Asimismo,
para legislar en materia de ciencia, tecnología e innovación, estableciendo bases generales
de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas
competencias, así como la participación de los sectores social y privado, con el objeto de
consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación;
XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos
de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en
materia de protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico; y de
protección y bienestar de los animales;
XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de
plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca su organización, su funcionamiento
y los recursos para impugnar sus resoluciones.
El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración
pública federal y los particulares.
Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos
por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los
particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar
a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de
los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes
públicos federales.
El Tribunal funcionará en Pleno o en Salas Regionales.
La Sala Superior del Tribunal se compondrá de dieciséis Magistrados y actuará en Pleno o
en Secciones, de las cuales a una corresponderá la resolución de los procedimientos a que
se refiere el párrafo tercero de la presente fracción.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la República y
ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la
República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo quince
años improrrogables.
Los Magistrados de Sala Regional serán designados por el Presidente de la República y
ratificados por mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus
recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo diez años pudiendo ser
considerados para nuevos nombramientos.
Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale
la ley.
XXIX-I. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, las entidades
federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia
de protección civil;
XXIX-J. Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el
artículo 4o. de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, las
entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias; así como la participación
de los sectores social y privado;
XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación
de las facultades concurrentes entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios
y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y privado;
XXIX-L. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de
las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias,
en materia de pesca y acuacultura, así como la participación de los sectores social y privado,
y
XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a
las investigaciones correspondientes.
XXIX-N. Para expedir leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción de
las sociedades cooperativas. Estas leyes establecerán las bases para la concurrencia en
materia de fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la Federación,
entidades federativas, Municipios y, en su caso, demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus respectivas competencias;
XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, las entidades
federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia
de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción XXV de este artículo. Asimismo, establecerán los
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
mecanismos de participación de los sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines
previstos en el párrafo décimo segundo del artículo 4o. de esta Constitución.
XXIX-O. Para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares.
XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas,
los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y
adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos, así como en
materia de formación y desarrollo integral de la juventud, cumpliendo con los tratados
internacionales de la materia de los que México sea parte;
XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares.
XXIX-R. Para expedir las leyes generales que armonicen y homologuen la organización y el
funcionamiento de los registros civiles, los registros públicos inmobiliarios y de personas
morales de las entidades federativas y los catastros municipales;
XXIX-S. Para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en
materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos
personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos
gubernamentales de todos los niveles de gobierno.
XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de
los archivos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y determine las bases de organización y
funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.
XXIX-U. Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las
entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos electorales, y procesos
electorales, conforme a las bases previstas en esta Constitución.
XXIX-V. Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para
establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones,
las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que
correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto
prevea, así como los procedimientos para su aplicación.
XXIX-W. Para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el
manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los Estados, Municipios y el
Distrito Federal, con base en el principio establecido en el párrafo segundo del artículo 25;
XXIX-X. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la federación, las entidades
federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las
víctimas.
XXIX-Y. Para expedir la ley nacional que establezca los principios y obligaciones a los que deberán
sujetarse los órdenes de gobierno, en materia de simplificación administrativa y digitalización
de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de
capacidades tecnológicas públicas;
XXIX-Z. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse
los órdenes de gobierno, en el ámbito de su respectiva competencia, en materia de justicia
cívica e itinerante, y
XXX. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, así como sobre extinción
de dominio en los términos del artículo 22 de esta Constitución;
XXXI. Para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la
seguridad pública, y
XXXII. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades
anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.
Reforma DOF 20-08-1928: Eliminó del artículo las entonces fracciones XXV y XXVI