Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público
Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones:
I. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados;
II. Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o a través de
medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas en términos de las disposiciones
legales aplicables, sobre hechos que puedan constituir algún delito;
III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá
coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma;
IV. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias
para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que tenga noticia del
mismo, así como cerciorarse de que se han seguido las reglas y protocolos para su
preservación y procesamiento;
V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la
recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas
resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que
determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su
reparación. Cuando se trate del delito de feminicidio se deberán aplicar los protocolos previstos
para tales efectos;
VI. Ejercer funciones de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes, cuando
ejerza la facultad de atracción y en los demás casos que las leyes lo establezcan;
VII. Ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de actos de
investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las que
dichas autoridades hubieren practicado;
VIII. Instruir a las Policías sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios
recolectados o por recolectar, así como las demás actividades y diligencias que deben ser
llevadas a cabo dentro de la investigación;
IX. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la
práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba;
X. Solicitar al Órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones
que sean necesarias dentro de la misma;
XI. Ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente en los términos
que establece este Código;
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
XII. Brindar las medidas de seguridad necesarias, a efecto de garantizar que las víctimas u
ofendidos o testigos del delito puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para
ellos;
XIII. Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como ejercer la facultad
de no investigar en los casos autorizados por este Código;
XIV. Decidir la aplicación de criterios de oportunidad en los casos previstos en este Código;
XV. Promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y proporcionar el auxilio a
víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público, Policías,
peritos y, en general, a todos los sujetos que con motivo de su intervención en el procedimiento,
cuya vida o integridad corporal se encuentren en riesgo inminente;
XVI. Ejercer la acción penal cuando proceda;
XVII. Poner a disposición del Órgano jurisdiccional a las personas detenidas dentro de los plazos
establecidos en el presente Código;
XVIII. Promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas
anticipadas de terminación del proceso penal, de conformidad con las disposiciones aplicables;
XIX. Solicitar las medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso, en atención a las
disposiciones conducentes y promover su cumplimiento;
XX. Comunicar al Órgano jurisdiccional y al imputado los hechos, así como los datos de prueba que
los sustentan y la fundamentación jurídica, atendiendo al objetivo o finalidad de cada etapa del
procedimiento;
XXI. Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de seguridad que
correspondan;
XXII. Solicitar el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito, sin
perjuicio de que éstos lo pudieran solicitar directamente;
XXIII. Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos reconocidos en la
Constitución;
XXIII Bis. Tratándose de delitos por razón de género, se deberá investigar con perspectiva de género,
y
XXIV. Las demás que señale este Código y otras disposiciones aplicables.
CAPÍTULO VI
POLICÍA