ARTÍCULO 193.- En los casos de seguros de caución o fianzas garantizadas mediante hipoteca,
fideicomiso sobre inmuebles o la afectación en garantía de bienes inmuebles prevista en el artículo 189
de esta Ley, las Instituciones podrán proceder a su elección para el cobro de las cantidades que hayan
pagado por esos seguros de caución o fianzas, y sus accesorios:
I. En la vía ejecutiva mercantil;
II. En la vía hipotecaria, o
III. Mediante la venta de los inmuebles, conforme a las siguientes reglas:
a) La Institución solicitará, bajo su más estricta responsabilidad, a un corredor público o a la
institución fiduciaria, que proceda a la venta de los bienes de que se trate, previo avalúo
practicado por institución de crédito, o tomando como referencia el valor convencional
fijado de común acuerdo por las partes, lo que resulte mayor. El avalúo no deberá tener
una antigüedad mayor de tres meses;
b) Se notificará al propietario de los bienes, el inicio de este procedimiento por medio de
carta certificada con acuse de recibo, a través de un notario o corredor públicos o en vía
de jurisdicción voluntaria;
LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS
c) El propietario podrá oponerse a la venta de sus bienes acudiendo, dentro del término de
cinco días hábiles después de la notificación, ante el juez de primera instancia del lugar
en que los bienes estén ubicados, o al juez competente del domicilio de la Institución,
según sea el caso, haciendo valer las excepciones que tuviere;
d) Del escrito de oposición, se dará traslado por tres días a la Institución, así como al
fiduciario, únicamente para que se suspenda la venta de los bienes;
e) Si se promoviera alguna prueba, el término no podrá pasar de diez días para el
ofrecimiento, admisión, recepción y desahogo de las mismas;
f) El juez citará en seguida a una junta, que se celebrará dentro de los tres días para oír los
alegatos de las partes y dentro de los cinco días siguientes, pronunciará una resolución,
la cual podrá ser apelada sólo en efecto devolutivo;
g) Si se declara infundada la oposición, se notificará a la Institución, así como al fiduciario
para proceder desde luego a la venta de los bienes, independientemente de que el
deudor sea condenado al pago de gastos y costas;
h) Se adjudicará el bien al comprador que mejores condiciones ofrezca, mediante la
escritura pública correspondiente que firmará el deudor y, si se negare, la Institución o el
fiduciario podrán solicitar que lo haga el juez;
i) En caso de no encontrarse comprador, el corredor o el fiduciario, formularán una
convocatoria que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, o en alguno de los
periódicos de mayor circulación donde se encuentren ubicados los bienes, para que
dentro de un plazo de diez días a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria,
en subasta pública se venda el inmueble al mejor de los postores, sirviendo de precio
base el señalado en el inciso a) de esta fracción, con un descuento del 20%. De ser
necesario, con el mismo procedimiento se llevarán a cabo las convocatorias siguientes
con el descuento mencionado sobre el precio base señalado;
j) A falta de postores, la Institución tendrá la facultad de adjudicarse el inmueble de que se
trate, a un precio igual del que sirvió de base en cada almoneda;
k) El producto de la venta será entregado a la Institución y, en su caso, a la fiduciaria, para
que se aplique en la cantidad necesaria a recuperar lo pagado por la Institución, los
accesorios del caso, los gastos y costas respectivos, así como las primas que estuvieren
pendientes de pago, todo ello con base en los términos de la contratación con el deudor
hipotecario o con el fideicomitente, según sea el caso. De existir algún remanente, se
pondrá a disposición de este último y, en su caso, se hará la consignación respectiva,
acompañando la documentación relativa a las aplicaciones a que se refiere este inciso, y
l) Para lo que no se encuentre previsto en las presentes reglas, se aplicará
supletoriamente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en la
inteligencia de que en todo momento las Instituciones estarán obligadas a respetar los
derechos de los acreedores preferentes.