ARTÍCULO 430.- Cuando el liquidador administrativo encuentre que existe imposibilidad de llevar a
cabo o concluir la liquidación, sin necesidad del acuerdo previo de la asamblea de accionistas o
mutualizados, lo hará del conocimiento del juez del domicilio de la Institución o Sociedad Mutualista de
que se trate, para que en vía sumaria, ordene la cancelación de su inscripción en el Registro Público de
Comercio, la que surtirá sus efectos transcurridos noventa días a partir del mandamiento judicial. Lo
anterior, en el caso de Instituciones de Seguros en liquidación, una vez realizado el pago de las
obligaciones a cargo de los fondos especiales que, en su caso, operen conforme a lo previsto por el
artículo 274 de esta Ley.
Los interesados podrán oponerse a esta cancelación dentro del citado plazo ante la propia autoridad
judicial.